En el contexto de la pandemia del COVID-19, el gobierno español implementó una serie de medidas para apoyar a empresas y autónomos, destacándose entre ellas la Línea de Avales del Estado. Sin embargo, la interpretación y ejecución de estos avales por parte de las entidades financieras han dado lugar a numerosos litigios. Recientemente, una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 29 de Barcelona ha sentado un precedente importante al declarar la nulidad parcial de un aval ICO, limitando la responsabilidad del avalista al 20% del préstamo total.
Contexto Legal
El Real Decreto-ley 8/2020, promulgado el 17 de marzo de 2020, estableció una Línea de Avales del Estado de hasta 100.000 millones de euros para mitigar los efectos económicos de la crisis sanitaria. Estos avales, gestionados a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), tenían como objetivo garantizar la financiación de empresas y autónomos. La normativa indicaba que el ICO cubriría hasta el 80% del capital principal de los préstamos para pymes y autónomos.
El 2 de octubre de 2023, la magistrada Carolina Fons Rodríguez emitió una sentencia clave en la que se reconoció que los avalistas de un préstamo ICO fueron inducidos a error sobre la verdadera naturaleza de su responsabilidad. En este caso, el administrador de la empresa y los fiadores creían que solo eran responsables del 20% del préstamo, mientras que el Estado avalaba el 80% restante. Sin embargo, al enfrentar impagos, se les exigió responder por el 100% del préstamo.
La sentencia se basa en el concepto de «vicio del consentimiento». Se determinó que los fiadores prestaron su aval bajo una creencia errónea sobre el alcance de su responsabilidad, influenciados por la publicidad y la documentación proporcionada por las entidades financieras. La magistrada concluyó que este error era esencial y excusable, lo que justificaba la nulidad parcial del aval. En consecuencia, la responsabilidad de los fiadores se limitó al 20% del importe total del préstamo, equivalente a 20.000 euros.
Conclusión
La sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 29 de Barcelona marca un hito en la defensa de los derechos de los avalistas de préstamos ICO. Este fallo subraya la importancia de la correcta interpretación y comunicación de las condiciones de los contratos financieros, y abre la puerta a que más empresarios puedan reclamar la nulidad de avales basados en errores inducidos por la información proporcionada por las entidades financieras.
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